El consentimiento es una de las condiciones de licitud del tratamiento del artículo 6, apartado 1. Lo define el artículo 4, punto 11; el artículo 7 fija sus condiciones, entre ellas que el responsable debe poder demostrarlo y que puede retirarse.
Por «consentimiento del interesado» se entiende toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen.
El consentimiento del interesado para el tratamiento de sus datos personales para uno o varios fines específicos es una de las condiciones de licitud del tratamiento.
Si el consentimiento se da en una declaración escrita que también se refiere a otros asuntos, la solicitud de consentimiento debe distinguirse claramente de los demás asuntos, de forma inteligible y de fácil acceso y con un lenguaje claro y sencillo, y no es vinculante ninguna parte de la declaración que infrinja el Reglamento.
El interesado puede retirar su consentimiento en cualquier momento y debe ser informado de ello antes de darlo; retirarlo debe ser tan fácil como darlo, y la retirada no afecta a la licitud del tratamiento anterior.
Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tiene en cuenta en la mayor medida posible, entre otras cosas, si la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento a un tratamiento que no es necesario para dicho contrato.
El consentimiento explícito para uno o más de los fines especificados levanta la prohibición de tratar categorías especiales de datos personales, excepto cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que el interesado no puede levantarla.
Cuando el interesado retira el consentimiento en que se basa el tratamiento y este no se basa en otro fundamento jurídico, tiene derecho a la supresión de los datos.
Cuando el tratamiento se basa en el consentimiento, el responsable debe poder demostrarlo, una solicitud escrita debe distinguirse claramente, el consentimiento puede retirarse con la misma facilidad con que se da, y supeditar un contrato a un consentimiento innecesario pesa mucho en contra de que se haya dado libremente.El acto en imágenes
El artículo 4 define los términos del Reglamento en 26 puntos.
Se entiende por «datos personales» «toda información sobre una persona física identificada o identificable» («el interesado»); el «responsable del tratamiento» determina, solo o junto con otros, los fines y medios del tratamiento, y el «encargado del tratamiento» trata datos personales por cuenta del responsable.
Entre los demás términos definidos figuran «tratamiento», «elaboración de perfiles», «seudonimización», «consentimiento del interesado», «violación de la seguridad de los datos personales», «datos genéticos», «datos biométricos», «datos relativos a la salud», «establecimiento principal» y «tratamiento transfronterizo».
Los datos personales se refieren a una persona física, el interesado; el responsable determina los fines y medios de su tratamiento, y un encargado los trata por cuenta del responsable.El acto en imágenes
El tratamiento solo es lícito si se cumple, y en la medida en que se cumpla, al menos una de las condiciones siguientes:
a) consentimiento para uno o varios fines específicos;
b) necesidad para la ejecución de un contrato con el interesado (o para medidas precontractuales a petición de este);
c) necesidad para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable;
d) necesidad para proteger intereses vitales del interesado o de otra persona física;
e) necesidad para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable, o
f) necesidad para la satisfacción de intereses legítimos del responsable o de un tercero.
Los intereses legítimos ceden ante los intereses o los derechos y libertades fundamentales del interesado que prevalezcan, en particular cuando el interesado sea un niño, y no pueden invocarlos las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.
Las letras c) y e) se basan en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, que los Estados miembros pueden precisar mediante disposiciones más específicas.
El tratamiento solo es lícito si se cumple al menos una de seis condiciones; los intereses legítimos ceden ante los intereses prevalentes del interesado y no pueden invocarlos las autoridades públicas en el ejercicio de sus funciones.El acto en imágenesCuando el tratamiento para un nuevo fin no se basa ni en el consentimiento ni en una norma con arreglo al artículo 23, apartado 1, el responsable pondera al menos cinco factores para determinar si el nuevo fin es compatible con el inicial.El acto en imágenes
Cuando el tratamiento se base en el consentimiento, el responsable debe ser capaz de demostrar que el interesado consintió.
Una solicitud de consentimiento contenida en una declaración escrita que también se refiera a otros asuntos debe distinguirse claramente de estos, de forma inteligible y de fácil acceso y con un lenguaje claro y sencillo.
El interesado puede retirar su consentimiento en cualquier momento, con la misma facilidad con que lo dio, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento anterior, y debe ser informado de ello antes de darlo.
Al evaluar si el consentimiento se ha dado libremente, se tiene en cuenta en la mayor medida posible, entre otras cosas, si la ejecución de un contrato, incluida la prestación de un servicio, se supedita al consentimiento a un tratamiento que no es necesario para la ejecución de dicho contrato.
Está prohibido el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas o la afiliación sindical, así como el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o la orientación sexual.
El apartado 2 levanta esta prohibición en diez supuestos:
a) consentimiento explícito, salvo que el Derecho de la Unión o de los Estados miembros lo excluya;
b) Derecho laboral y de la seguridad y protección social, en la medida en que lo autorice la ley o un convenio colectivo, con garantías;
c) intereses vitales cuando el interesado no esté capacitado, física o jurídicamente, para dar su consentimiento;
d) determinados organismos sin ánimo de lucro, respecto de sus miembros y de las personas que mantengan contactos regulares con ellos;
e) datos que el interesado ha hecho manifiestamente públicos;
f) reclamaciones y tribunales que actúen en ejercicio de su función judicial;
g) interés público esencial;
h) medicina y asistencia sanitaria o social;
i) salud pública, y
j) archivo, investigación o estadística.
Los supuestos de las letras g) a j) se basan cada uno en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros, con garantías (en el caso de la medicina y la asistencia, también un contrato con un profesional sanitario).
Los Estados miembros pueden mantener o introducir condiciones adicionales, inclusive limitaciones, respecto de los datos genéticos, los datos biométricos o los datos relativos a la salud.
Está prohibido el tratamiento de las categorías especiales de datos personales, salvo que se dé uno de los diez supuestos del artículo 9, apartado 2, cada uno con sus propias condiciones.El acto en imágenes
El interesado tiene derecho a obtener sin dilación indebida la supresión de los datos personales que le conciernan cuando concurra alguna de seis circunstancias, entre ellas:
que los datos ya no sean necesarios en relación con sus fines;
que se retire el consentimiento y no exista otro fundamento jurídico;
que el interesado se oponga con arreglo al artículo 21 (en virtud del artículo 21, apartado 1, solo si no prevalecen otros motivos legítimos), o
que los datos hayan sido tratados ilícitamente.
El responsable que haya hecho públicos los datos debe adoptar medidas razonables para informar de la solicitud a los demás responsables que los estén tratando.
Esto no se aplica en la medida en que el tratamiento sea necesario:
para ejercer el derecho a la libertad de expresión e información;
para cumplir una obligación legal;
para una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos;
por razones de salud pública;
con fines de archivo, investigación o estadísticos en las condiciones del apartado 3, letra d), o
para reclamaciones.
Cuando concurre una de seis circunstancias, el interesado tiene derecho a la supresión sin dilación indebida, salvo que el tratamiento sea necesario para uno de los fines enumerados en el artículo 17, apartado 3.El acto en imágenes