Cada Estado miembro tiene una o varias autoridades de control independientes que supervisan y hacen cumplir el Reglamento. En el tratamiento transfronterizo, una autoridad de control principal coopera con las demás autoridades interesadas, y el Comité Europeo de Protección de Datos garantiza la aplicación coherente.
Cada Estado miembro debe disponer que sean una o varias autoridades públicas independientes las encargadas de supervisar la aplicación del Reglamento (artículo 51, apartado 1), y cada autoridad de control debe actuar con total independencia en el desempeño de sus funciones y el ejercicio de sus poderes.
Cada autoridad de control es competente en el territorio de su propio Estado miembro, pero no para las operaciones de tratamiento efectuadas por los tribunales en el ejercicio de su función judicial.
En el tratamiento transfronterizo, la autoridad de control del establecimiento principal o del único establecimiento del responsable o del encargado es competente para actuar como autoridad de control principal y es su único interlocutor; los considerandos 127 y 128 lo denominan «mecanismo de ventanilla única».
Las funciones de cada autoridad de control incluyen controlar la aplicación del Reglamento y hacerlo aplicar, tratar las reclamaciones y llevar a cabo investigaciones.
Los poderes correctivos incluyen advertencias, apercibimientos, órdenes de cumplimiento, la limitación temporal o definitiva del tratamiento, incluida su prohibición, la suspensión de los flujos de datos hacia un destinatario en un tercer país o hacia una organización internacional, y multas administrativas con arreglo al artículo 83.
La autoridad de control principal presenta un proyecto de decisión a las demás autoridades de control interesadas y, si una de ellas formula en un plazo de cuatro semanas una objeción pertinente y motivada que la autoridad principal no sigue, el asunto se somete al mecanismo de coherencia.
El Comité Europeo de Protección de Datos adopta una decisión vinculante cuando una autoridad de control interesada ha formulado una objeción pertinente y motivada que la autoridad de control principal no ha seguido o ha rechazado por no ser pertinente o no estar motivada, y en los demás casos del artículo 65, apartado 1 (la letra a) fue corregida en la versión española por la corrección de errores del DO L 127 de 23.5.2018, p. 3).
El Comité es un organismo de la Unión con personalidad jurídica, compuesto por el director de una autoridad de control de cada Estado miembro y por el Supervisor Europeo de Protección de Datos, o sus representantes respectivos.
Cada autoridad de control dispone de todos los poderes de investigación, correctivos y de autorización y consultivos del artículo 58, sujetos a garantías adecuadas, incluidas la tutela judicial efectiva y las garantías procesales.El acto en imágenes
Cada Estado miembro debe establecer una o varias autoridades públicas independientes, la «autoridad de control», encargadas de supervisar la aplicación del Reglamento, con el fin de proteger los derechos y las libertades fundamentales de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento y de facilitar la libre circulación de datos personales en la Unión.
Cada una debe contribuir a la aplicación coherente del Reglamento, cooperando con las demás autoridades de control y con la Comisión con arreglo al capítulo VII.
Un Estado miembro con más de una autoridad de control debe designar la que las represente en el Comité.
Cada autoridad de control debe actuar con total independencia en el desempeño de sus funciones y en el ejercicio de sus poderes.
Sus miembros deben permanecer ajenos a toda influencia externa, ya sea directa o indirecta, no solicitar ni admitir instrucciones de nadie y no ejercer ninguna actividad incompatible durante su mandato.
Los Estados miembros deben dotar a cada autoridad de control de:
los recursos humanos, técnicos y financieros, los locales y las infraestructuras que necesite;
personal propio, sujeto a la autoridad exclusiva de sus miembros, y
presupuestos anuales públicos e independientes, con un control financiero que no afecte a su independencia.
Cada autoridad de control actúa con total independencia: sus miembros no aceptan instrucciones de nadie, y cada Estado miembro debe dotarla de los recursos, el personal y los presupuestos que necesita.El acto en imágenes
Cada autoridad de control es competente para desempeñar sus funciones y ejercer sus poderes con arreglo al Reglamento en el territorio de su Estado miembro.
Cuando el tratamiento lo realicen autoridades públicas u organismos privados que actúen con arreglo al artículo 6, apartado 1, letra c) o e), es competente la autoridad de control del Estado miembro de que se trate, y no se aplica el artículo 56 sobre la autoridad de control principal.
Las autoridades de control no son competentes para controlar las operaciones de tratamiento efectuadas por los tribunales en el ejercicio de su función judicial.
Sin perjuicio del artículo 55, la autoridad de control del establecimiento principal o del único establecimiento del responsable o del encargado es competente para actuar como autoridad de control principal para su tratamiento transfronterizo, con arreglo al procedimiento del artículo 60, y es su único interlocutor en relación con ese tratamiento.
No obstante, cada autoridad de control es competente para tratar una reclamación que le sea presentada o una posible infracción si el asunto se refiere únicamente a un establecimiento situado en su Estado miembro o afecta sustancialmente solo a interesados de su Estado miembro.
Debe informar a la autoridad de control principal, que decide en el plazo de tres semanas si trata el caso con arreglo al artículo 60. En caso contrario, lo trata la autoridad que la informó.
En el tratamiento transfronterizo, la autoridad del establecimiento principal o único dirige el procedimiento, elabora el proyecto de decisión con las demás autoridades interesadas y, a falta de acuerdo, somete el asunto al mecanismo de coherencia.El acto en imágenes
Sin perjuicio de otras funciones en virtud del Reglamento, cada autoridad de control debe desempeñar en su territorio las funciones enumeradas en el artículo 57, apartado 1, entre ellas:
controlar la aplicación del Reglamento y hacerlo aplicar;
promover la sensibilización del público;
tratar las reclamaciones;
llevar a cabo investigaciones;
aprobar normas corporativas vinculantes, y
desempeñar cualquier otra función relacionada con la protección de los datos personales.
Sus funciones son gratuitas para el interesado y, en su caso, para el delegado de protección de datos.
Ante solicitudes manifiestamente infundadas o excesivas puede establecer una tasa razonable basada en los costes administrativos o negarse a actuar, y debe demostrar dicho carácter.
Cada autoridad de control dispone de todos los poderes de investigación, poderes correctivos y poderes de autorización y consultivos enumerados en el artículo 58, apartados 1 a 3.
Entre ellos figuran:
ordenar que se facilite información, llevar a cabo auditorías de protección de datos y obtener el acceso a los datos personales y a los locales;
advertencias, apercibimientos, órdenes de cumplimiento, la limitación temporal o definitiva del tratamiento, incluida su prohibición, y multas administrativas con arreglo al artículo 83, y
aprobar normas corporativas vinculantes.
Su ejercicio está sujeto a garantías adecuadas, incluida la tutela judicial efectiva y el respeto de las garantías procesales.
Los Estados miembros pueden establecer por ley poderes adicionales, cuyo ejercicio no debe obstaculizar la aplicación efectiva del capítulo VII.
La autoridad de control principal debe cooperar con las demás autoridades de control interesadas, esforzándose por llegar a un consenso, y transmitirles sin dilación un proyecto de decisión.
Si una de ellas formula en un plazo de cuatro semanas una objeción pertinente y motivada que la autoridad de control principal no sigue o considera no pertinente o no motivada, esta debe someter el asunto al mecanismo de coherencia del artículo 63. Si no hay objeción, se considera que todas están de acuerdo y quedan vinculadas.
La autoridad de control principal adopta la decisión y la notifica al establecimiento principal o único. El responsable o el encargado debe cumplirla en todos sus establecimientos en la Unión.
La decisión por la que se archiva o rechaza una reclamación la adopta la autoridad ante la que se presentó.
En el tratamiento transfronterizo, la autoridad del establecimiento principal o único dirige el procedimiento, elabora el proyecto de decisión con las demás autoridades interesadas y, a falta de acuerdo, somete el asunto al mecanismo de coherencia.El acto en imágenes
a) cuando una autoridad de control interesada haya manifestado una objeción pertinente y motivada al proyecto de decisión de la autoridad de control principal con arreglo al artículo 60, apartado 4, y esta no la haya seguido o la haya rechazado por no ser pertinente o no estar motivada;
b) cuando haya puntos de vista contrapuestos sobre cuál de las autoridades es competente para el establecimiento principal, o
c) cuando una autoridad competente no solicite o no siga un dictamen con arreglo al artículo 64.
Decide en el plazo de un mes, prorrogable un mes más, por mayoría de dos tercios o, en su defecto, por mayoría simple; la decisión es vinculante para las autoridades interesadas.
En la versión española, la letra a) es la corregida por la corrección de errores de 23 de mayo de 2018 (DO L 127, p. 3); el texto publicado inicialmente decía «o esta haya rechazado dicha objeción».
Mediante el mecanismo de coherencia, el Comité emite dictámenes sobre proyectos de medidas enumeradas y resuelve conflictos entre autoridades de control mediante decisiones vinculantes; en casos urgentes, una autoridad puede actuar con carácter provisional.El acto en imágenes
El Comité Europeo de Protección de Datos se crea como organismo de la Unión con personalidad jurídica y está representado por su presidente.
Está compuesto por el director de una autoridad de control de cada Estado miembro y por el Supervisor Europeo de Protección de Datos, o sus representantes respectivos; un Estado miembro con más de una autoridad de control nombra un representante común.
La Comisión participa en las actividades y reuniones del Comité, sin derecho a voto. En los casos del artículo 65, el Supervisor Europeo de Protección de Datos solo vota en las decisiones relativas a principios y normas aplicables a las instituciones, órganos y organismos de la Unión que correspondan en cuanto al fondo a las del Reglamento.
El Comité reúne a los directores de las autoridades de control y al Supervisor Europeo de Protección de Datos, actúa con independencia y garantiza la aplicación coherente del Reglamento.El acto en imágenes